Ernesto Villanueva
Para nadie es un secreto que todavía no se han construido definiciones universales únicas sobre las distintas vertientes de la libertad de expresión y derecho de acceso a la información pública. La educación y la capacitación en estas temáticas constituyen una asignatura pendiente, no sólo en México, sino en la región en su conjunto. La tarea no es fácil; antes bien, sinuosa y complicada porque requiere construir conceptos que sean susceptibles de crear un consenso común denominador. Leyes de acceso a la información pública, despenalización de los delitos contra el honor, autorregulación y ética periodística y normas jurídicas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones que abreven de estándares internacionalmente aceptados son algunos temas de la agenda de la región.
¿Cómo argumentar que despenalizar la palabra no es sinónimo de impunidad? ¿Cómo convencer de que no basta una ley de acceso, sino una buena ley dotada de políticas públicas que la haga eficaz? ¿Cómo decir que los medios de comunicación tienen en la ética y la autorregulación no sólo una fuente de credibilidad sino de veta financiera? ¿Cómo explicar que el contenido de las normas que regulan radio, televisión y telecomunicaciones es un asunto de todos y no sólo de especialistas? La única respuesta reside en la educación. Educar implica crear un vehículo de transmisión de conciencia, habilita para generar ciudadanía, impulsa la socialización de conocimiento y edifica masa crítica. Hasta ahora se habían venido haciendo esfuerzos aislados en los distintos países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Precisamente por ello resulta de primera importancia la Cátedra Interamericana de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública que se anunció el jueves pasado por la Fundación de las Américas de la OEA y que tendrá como sede la Universidad de Guadalajara. Esta iniciativa fue instrumentada por Carlos Briseño Torres -secretario general de la U de G y ahora designado por unanimidad rector general de esa casa de estudios- quien mostró a la OEA las prendas académicas de la U de G para esta magna tarea. La cátedra implicará la creación de estándares sobre las distintas vertientes de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Estará compuesta fundamentalmente de talleres y conferencias magistrales en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica con recursos económicos de la Fundación de las Américas y recursos humanos y materiales de la U de G. De esta suerte, esta cátedra tendrá por un lado el reto de crear conocimiento científico y pedagógico para homologar conceptos e instituciones en la región y, por otro, hará de la docencia y la difusión de conocimiento entre universidades, organizaciones y empresas periodísticas y organizaciones sociales del hemisferio una estrategia de importancia capital. En las próximas semanas se establecerán las bases operativas de cátedra, pero tendrá actividades durante febrero y marzo con el programa piloto que se desarrollará en Centroamérica y el Caribe. Sin duda, México ha avanzado pasos importantes en estas materias (no en balde se cuenta, por ejemplo, con una ley federal y 32 leyes locales en materia de acceso a la información pública y se han derogado las figuras de la difamación y calumnias en el Distrito Federal), pero tiene también mucho que aprender de los países de la región. Con todo, es un orgullo para todos los mexicanos que una universidad mexicana sea el eje académico hemisférico en esta materia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario